El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, presentó un recurso de apelación en contra del decreto de nulidad dictado por el juez Nelso Aramayo. En febrero de 2021 había imputado Méndez Salazar por malversación de caudales públicos e incumplimientos de deberes de funcionario públicos.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, presentó un recurso de apelación ante el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal por el decreto de nulidad absoluta de la audiencia de declaración, el decreto de audiencia de imputación y la solicitud de la elevación a juicio solicitados contra el exintendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, dictados por el juez Nelso Aramayo.
Entre los argumentos para dictar la nulidad, Aramayo consideró que Cazón “le recepcionó (al imputado) declaración indagatoria siete meses antes de haber efectuado el decreto de audiencia de imputación” y que “se advierten graves irregularidades en las actuaciones remitidas por el Dr. Cazón, que afectan el debido proceso penal. Debe entenderse que el decreto de audiencia de imputación resulta ser un acto inicial del proceso con la formalización de la imputación fiscal. Formulado el decreto de citación a audiencia de imputación, el fiscal debe llamar al acusado a audiencia, a fin de poner en su conocimiento, con la presencia de su defensa técnica”.
En la apelación presentada por Cazón el 29 de noviembre de 2021 -y que fue remitida al Tribunal de Impugnación el 7 de diciembre- niega haber violado el debido proceso y advierte al juez Nelso Aramayo que confundió la fecha de notificación de la imputación con la imputación y declaración de Méndez Salazar.
Los hechos
El 23 de diciembre de 2020, el fiscal Armando Cazón citó a Rubén Méndez Salazar a audiencia de imputación por la supuesta comisión del delito de malversación de caudales públicos e incumplimientos de deberes de funcionario públicos.
La intervención de Cazón había iniciado a raíz de una denuncia presentada el 26 de octubre de 2020 por el entonces presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Carlos Blademir Villalba, en contra del intendente Rubén Méndez Salazar por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos o caudales públicos. El exconcejal argumentó, entre otros, que Méndez no había presentado los presupuestos 2019 y 2020 y que no había hecho efectivas algunas medidas tomadas por el Concejo.
Luego de realizar la investigación correspondiente, el fiscal Penal de Salvador Mazza, labró el decreto de imputación y citó a Méndez Salazar el 23 de diciembre de 2020 a la audiencia de imputación.
Méndez Salazar solicitó la suspensión de la audiencia, que finalmente tuvo lugar el 23 de febrero de 2021. Asistido por su abogada, María Liliana Sagárnaga, el exintendente se negó a declarar y firmó –junto a su defensora- el acto de imputación. (https://www.fiscalespenalesalta.gob.ar/el-intendente-de-salvador-mazza-incumplio-con-la-carta-organica-y-malverso-caudales-publicos/)
Sin que Méndez interpusiera ningún tipo de nulidad al Decreto de
Imputación y/o a la declaración de imputado, y habiendo vencido de
sobremanera el plazo para plantear el mismo, el 14 de octubre de 2021, Cazón notificó al juez Nelso Aramayo el decreto de imputación, transcribiendo la imputación efectuada el 23 de febrero de 2021.
A entendimiento de la Fiscalía, el Juzgado habría mal interpretado la fecha del decreto de imputación valorado como fundamento de la nulidad dispuesta.
Otra denuncia, otra causa
Paralelo a ello, en agosto de 2021, ingresó una denuncia anónima a la web de https://www.fiscalespenalesalta.gob.ar en contra de Méndez Salazar que investigó la Unidad Fiscal compuesta por Ana Inés Salinas Odorisio (Unidad de Delitos Económicos Complejos) y Pablo Cabot (Fiscalía Penal de Tartagal). El 13 de octubre se realizaron una serie de allanamientos y secuestros que culminaron con la imputación del exintendente por enriquecimiento ilícito; peculado (tres hechos) en calidad de coautor; peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. También fueron imputadas otras 11 personas.
En diciembre de 2021, Salinas Odorisio ordenó la realización de una pericia contable con la posibilidad de participación de peritos de las defensas. Para ello, solicitó a la Fiscalía Penal de Tartagal el 29 de diciembre de 2021, que remita la causa a la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
Las dos causas que se siguen en contra de Méndez Salazar no tienen vinculación alguna y son independientes una de la otra.
